Informe del Ministerio de Economía y Competitividad sobre la valoración hipotecaria - Noviembre 2015

04.06.2015

 En relación con el Informe de Economía ya publicado por Aprotecnic sobre lo pronunciado por la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, se ha pronunciado la primera (www.cnmc.es/es-es/cnmc/ficha.aspx) proponiendo aprovechar la trasposición de la Directiva 2014/17/UE para adaptar la regulación de las valocaciones inmobiliarias con fines hipotecarios a la LGUM.

Según narra el documento, se debería fundamentar los requisitos de homologación desde los principios de necesidad y proporcionalidad. Estos requisitos quedan regulados en el artículo 5 (Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes) de la propia Ley:

"1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica."

A su vez, el nombrado artículo 3.11 de la Ley 17/2009 de 23 de diciembre indica que, 

"Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes:

  • el orden público,
  • la seguridad pública,
  • la protección civil,
  • la salud pública,
  • la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social,
  • la protección de los derechos,
  • la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores,
  • las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales,
  • la lucha contra el fraude,
  • la protección del medio ambiente y del entorno urbano,
  • la sanidad animal,
  • la propiedad intelectual e industrial,
  • la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y
  • los objetivos de la política social y cultural